La ley penal juvenil
Ley Penal Juvenil
La Ley 20.084 establece un nuevo sistema de justicia penal juvenil, que se funda en un principio de mucha importancia para la sociedad: el interés superior del adolescente. Este principio debe ser considerado en la totalidad de las actuaciones, tanto judiciales como administrativas, que se refieran a los adolescentes infractores de la ley. Como es de conocimiento público, esta normativa pasó en el Ejecutivo y en el Legislativo por varios ajustes y por diversas postergaciones en cuanto a la fecha en que definitivamente entrará en vigor.
Para nadie son un misterio los niveles de delincuencia que existen y la percepción de la ciudadanía al respecto. Tampoco, que las edades de quienes cometen la mayoría de estos delitos no supera los 18 años. Resulta un tema preocupante, por cuanto hablamos de jóvenes que efectúan actos prohibidos y que por ésta razón se ponen al margen de la sociedad. Las razones son muchas y variadas. En torno a esto se han realizado múltiples estudios, existiendo también divergencias de opiniones sobre la manera más conveniente de afrontar temas de esta naturaleza.
Es absolutamente imperioso que esta ley sea implementada a la brevedad y, además, que cumpla con la finalidad que en definitiva tiene; vale decir, establecer sanciones para una serie de delitos que hoy están impunes, dada las normas procesales vigentes. Sin embargo, la ley también tendrá que lograr un objetivo mucho más ambicioso y no menos necesario que el anterior: implementar verdaderos y efectivos programas de reinserción social, no sólo en su denominación, sino que realmente eficientes en cuanto a su objetivo último, que es reinsertar de modo efectivo al adolescente que ha delinquido. Nuestra sociedad reclama que la ley que tanto se ha discutido resuelva este fenómeno de tanta connotación social de una manera real y efectiva.
Ley sobre responsabilidad penal juvenil enfrenta serios problemas de implementación para su entrada en vigencia
La información fue proporcionada por el Ministerio de Justicia a la Comisión de Constitución en el marco de la sesión en que se analizó la puesta en marcha de dicho cuerpo legal.
Problemas de infraestructura y capacitación del personal del Poder Judicial, son algunos de los obstáculos que enfrenta la implementación de la ley sobre responsabilidad penal juvenil que entrará en vigencia el próximo 8 de junio.
Así lo informó el Ministro de Justicia, Isidro Solís, durante la sesión en que la Comisión de Constitución, presidida por el senador José Antonio Gómez, analizó con las distintas autoridades vinculadas al tema, el grado de avance en la implementación de las medidas que se debían poner en marcha para lograr la efectividad de dicho cuerpo legal.
Según explicó el senador Gómez, el Ministro de Justicia hizo una exposición muy clara y realista de la actual situación y señaló graves problemas desde el punto de vista de la infraestructura y en relación a algunas medidas de rehabilitación que son necesarias.
El parlamentario manifestó que de lo expuesto por el secretario de Estado, se entiende que hay dificultades de personal, puesto que si bien se hicieron capacitaciones en la Región Metropolitana, no ocurrió lo mismo en todo el país. Además, el reglamento de esta ley tampoco está terminado, sino que recién ingresó a la Contraloría.
Entre las falencias de infraestructura, el senador Gómez dijo que se informó que ya están listos todos los centros de cumplimiento de penas en sistema cerrado, pero faltan los centros semi cerrados, que son una de las novedades de esta nueva ley. Al no tener estos recintos se complica un poco la aplicación, porque hay regiones que los tendrían recién en diciembre de este año o a principios del próximo.
REVISIÓN
El presidente de la Comisión de Constitución informó que realizarán una segunda sesión con las autoridades del Ministerio de Justicia, puesto que se les solicitó que revisaran esta ley para que no pasara lo mismo que con los tribunales de familia, dijo el legislador.
Agregó que el titular de Justicia planteó la posibilidad de buscar una fórmula de ingreso gradual, como se hizo con la reforma procesal penal, lo que sería una alternativa viable para que la ley tenga efectos positivos.
Dicha fórmula, precisó el senador, sería materia de ley, por lo que el Ejecutivo se comprometió a estudiar el tema y plantear una alternativa una vez que tenga mayor claridad respecto a la materia.
La Ley 20.084 establece un nuevo sistema de justicia penal juvenil, que se funda en un principio de mucha importancia para la sociedad: el interés superior del adolescente. Este principio debe ser considerado en la totalidad de las actuaciones, tanto judiciales como administrativas, que se refieran a los adolescentes infractores de la ley. Como es de conocimiento público, esta normativa pasó en el Ejecutivo y en el Legislativo por varios ajustes y por diversas postergaciones en cuanto a la fecha en que definitivamente entrará en vigor.
Para nadie son un misterio los niveles de delincuencia que existen y la percepción de la ciudadanía al respecto. Tampoco, que las edades de quienes cometen la mayoría de estos delitos no supera los 18 años. Resulta un tema preocupante, por cuanto hablamos de jóvenes que efectúan actos prohibidos y que por ésta razón se ponen al margen de la sociedad. Las razones son muchas y variadas. En torno a esto se han realizado múltiples estudios, existiendo también divergencias de opiniones sobre la manera más conveniente de afrontar temas de esta naturaleza.
Es absolutamente imperioso que esta ley sea implementada a la brevedad y, además, que cumpla con la finalidad que en definitiva tiene; vale decir, establecer sanciones para una serie de delitos que hoy están impunes, dada las normas procesales vigentes. Sin embargo, la ley también tendrá que lograr un objetivo mucho más ambicioso y no menos necesario que el anterior: implementar verdaderos y efectivos programas de reinserción social, no sólo en su denominación, sino que realmente eficientes en cuanto a su objetivo último, que es reinsertar de modo efectivo al adolescente que ha delinquido. Nuestra sociedad reclama que la ley que tanto se ha discutido resuelva este fenómeno de tanta connotación social de una manera real y efectiva.
Ley sobre responsabilidad penal juvenil enfrenta serios problemas de implementación para su entrada en vigencia
La información fue proporcionada por el Ministerio de Justicia a la Comisión de Constitución en el marco de la sesión en que se analizó la puesta en marcha de dicho cuerpo legal.
Problemas de infraestructura y capacitación del personal del Poder Judicial, son algunos de los obstáculos que enfrenta la implementación de la ley sobre responsabilidad penal juvenil que entrará en vigencia el próximo 8 de junio.
Así lo informó el Ministro de Justicia, Isidro Solís, durante la sesión en que la Comisión de Constitución, presidida por el senador José Antonio Gómez, analizó con las distintas autoridades vinculadas al tema, el grado de avance en la implementación de las medidas que se debían poner en marcha para lograr la efectividad de dicho cuerpo legal.
Según explicó el senador Gómez, el Ministro de Justicia hizo una exposición muy clara y realista de la actual situación y señaló graves problemas desde el punto de vista de la infraestructura y en relación a algunas medidas de rehabilitación que son necesarias.
El parlamentario manifestó que de lo expuesto por el secretario de Estado, se entiende que hay dificultades de personal, puesto que si bien se hicieron capacitaciones en la Región Metropolitana, no ocurrió lo mismo en todo el país. Además, el reglamento de esta ley tampoco está terminado, sino que recién ingresó a la Contraloría.
Entre las falencias de infraestructura, el senador Gómez dijo que se informó que ya están listos todos los centros de cumplimiento de penas en sistema cerrado, pero faltan los centros semi cerrados, que son una de las novedades de esta nueva ley. Al no tener estos recintos se complica un poco la aplicación, porque hay regiones que los tendrían recién en diciembre de este año o a principios del próximo.
REVISIÓN
El presidente de la Comisión de Constitución informó que realizarán una segunda sesión con las autoridades del Ministerio de Justicia, puesto que se les solicitó que revisaran esta ley para que no pasara lo mismo que con los tribunales de familia, dijo el legislador.
Agregó que el titular de Justicia planteó la posibilidad de buscar una fórmula de ingreso gradual, como se hizo con la reforma procesal penal, lo que sería una alternativa viable para que la ley tenga efectos positivos.
Dicha fórmula, precisó el senador, sería materia de ley, por lo que el Ejecutivo se comprometió a estudiar el tema y plantear una alternativa una vez que tenga mayor claridad respecto a la materia.
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